Miguel Huerta
El caso del pedófilo y pederasta multimillonario Jeffrey Epstein trasciende lo criminal para erigirse como una radiografía política de la decadencia. Lo que revela no es la anomalía de un depredador aislado, pues así lo quieren hacer ver las élites millonarias involucradas, sino la corrupción estructural de un orden donde el poder, en su forma más concentrada y opaca, logra suspender las reglas fundamentales de la convivencia.
Desde la filosofía política, este escándalo es la materialización de las peores pesadillas teóricas: la perversión del contrato social en su núcleo mismo. Según la tradición hobbesiana y lockeana, lxs individuxs renuncian a una porción de su libertad absoluta y se someten a un soberano (o a un sistema de leyes) a cambio de seguridad y justicia. ¿Qué sucede, entonces, cuando ese soberano (aquí, la maquinaria del Estado y sus instituciones) se muestra permeable, servil o cómplice ante ciertos intereses? El contrato se rompe para lxs más vulnerables, mientras se consolida como un privilegio irrenunciable para una casta. La impunidad deja de ser una falla para convertirse en una característica estructural; el mensaje es claro: la ley es un instrumento, no un límite, para quienes habitan las alturas del poder económico y social.
Esta dinámica ilustra con crudeza la tensión entre la polis y el oikos, entre lo público y lo privado, que preocupaba a la sociedad griega en la antigüedad. Lo ocurrido no fue un asunto privado, por más que se enclaustrara en mansiones e islas privadas. Fue un acto profundamente político en donde la usurpación del espacio de lo común (la justicia, la seguridad, la dignidad) se convirtió en un feudo de placer y dominación privada. El poder, en este esquema, ya no busca el bien común ni la virtud ciudadana que teorizaba Aristóteles; busca la autogratificación ilimitada y la creación de una zona franca existencial donde todo está permitido. Es la antítesis de la vida política sana; es la política como patología, donde la red de influencias y favores no se usa para construir ciudad, sino para editar una realidad paralela donde los crímenes no existen.
La figura del hombre oligárquico que describe Platón en La República resuena con fuerza escalofriante. Este carácter, gobernado por el apetito insaciable y la creencia de que el dinero puede comprarlo todo (incluida la impunidad y la dignidad ajena), parece haber encontrado en ciertos círculos su ecosistema perfecto. La tragedia no es solamente moral, sino política; cuando la oligarquía de la riqueza se fusiona con una aristocracia de la perversión, el resultado es una clase dirigente que no dirige, sino que depreda. Su lealtad no es con la polis, sino con la conservación de su propio statu quo de excepcionalidad. Esto corroe la legitimidad misma del sistema, porque la ciudadanía percibe, con razón, que las reglas no son universales, sino que existen dos órdenes jurídicos, uno que constriñe al común y otro, invisible y elástico, que protege a una élite.
Finalmente, el caso nos enfrenta a la pregunta por la resistencia y la rendición de cuentas en sociedades complejas. Michel Foucault nos enseñó que el poder no es una sustancia que se posee, sino una red de relaciones que se ejerce y se resiste en cada intersticio. La red de Epstein fue durante años una red de poder exitosa porque logró cooptar, silenciar o neutralizar los nodos que deberían haberla desmantelado: partes del sistema judicial, medios de comunicación, círculos sociales. La verdadera lucha política, por tanto, no se libra únicamente en los tribunales, sino en la capacidad de la sociedad para sostener una mirada incómoda, para exigir transparencia en lugar de aceptar el secreto como precio del orden, y para reconstruir instituciones que no puedan ser sobornadas, ni con dinero ni con influencia.
La sombra de Epstein es larga e infinita, pero proyecta una lección ineludible. La salud de una democracia no se mide por la opulencia de sus élites, sino por la capacidad de su justicia para alcanzarlas cuando caen en la barbarie. En este sentido, la política sería el arte de impedir que los jardines privados crezcan sobre las ruinas de la justicia pública.
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