Miguel Huerta
Las palabras tienen un peso y una historia encarnada en la vida, los sentimientos y los ideales de toda una sociedad. No son meros vehículos neutrales de información: son el sedimento de nuestra memoria colectiva, el archivo vivo de nuestras luchas y conquistas. Sin embargo, en la vorágine de la era digital hemos presenciado una alarmante erosión de ese significado profundo. Asistimos, perplejxs, a cómo términos forjados en el dolor y la resistencia se vacían de su contenido ético para convertirse en moneda de cambio en el mercado de la indignación y el espectáculo. La ligereza con la que se invoca la “libertad” para justificar la opresión, o la “seguridad” para recortar derechos fundamentales, revela un síntoma grave: hemos olvidado que las palabras no sólo describen la realidad, sino que también la construyen y la pueden destruir.
Este despojo semántico encuentra su caldo de cultivo perfecto en los medios y las redes sociales, donde la velocidad y la viralidad priman sobre la precisión y la reflexión. Una palabra, desgajada de su contexto histórico y filosófico, se convierte en un eslogan, en un arma arrojadiza en una batalla cultural que se libra en el terreno pantanoso del sentimiento inmediato. Influencers y opinadores, a menudo más preocupados por la métrica del clic que por la verdad, explotan esta vulnerabilidad lingüística. Con una facilidad pasmosa, toman conceptos como “orden”, “autoridad” o incluso “democracia”, los despojan de sus matices y contradicciones internas, y los presentan como soluciones simples a problemas complejos. El peligro no reside solamente en la distorsión, sino en la naturalización de un vocabulario que, en su versión empobrecida, abre la puerta a anhelos que creíamos desterrados: la nostalgia por el líder fuerte y el autoritarismo, la añoranza de la uniformidad y el desprecio por el disenso. La filóloga Lola Pons en sus reflexiones sobre el lenguaje nos enseña que las palabras que usamos dicen mucho de lo que somos y lo que representamos como sociedad.
Un ejemplo reciente ilustra este fenómeno. A mediados de julio de 2026, la abogada y profesora de teoría constitucional Natalia Torres provocó una fuerte polémica en México al afirmar, en un pódcast, que “no todos deberían votar” y al proponer que el trámite de la credencial de elector incluyera un examen de conocimientos básicos sobre el funcionamiento del Estado. Aunque después intentó matizar sus declaraciones, insistiendo en que no buscaba condicionar el voto al nivel educativo o económico de las personas, la propuesta reavivó un debate tan viejo como el propio sufragio universal. Lo relevante para esta reflexión no es la anécdota en sí, sino el mecanismo retórico: la palabra “democracia” se invoca precisamente para defender un filtro que la restringe, y el término “voto informado”, que debería nombrar una aspiración cívica compartida, la de una ciudadanía mejor educada y con más herramientas para decidir, se desliza hacia una condición de exclusión, hacia un examen que decide quién tiene derecho a participar y quién no.
Es el mismo mecanismo que erosiona cualquier otro término: se conserva la cáscara del concepto noble mientras se vacía su contenido igualitario. Se usan palabras a la ligera sin el peso que tienen socialmente.
La trampa es sutil y profundamente ética. Al repetir sin cesar que ciertos grupos son “el enemigo”, que la “corrección política” es una forma de censura, que los derechos humanos son un “obstáculo” para la eficacia, o que el voto de algunos vale menos porque no está suficientemente “informado”, se va tejiendo un relato donde la exclusión y el autoritarismo no sólo son posibles, sino deseables. La palabra, entonces, deja de ser un puente para el entendimiento y se trueca en un muro que separa. Es el lenguaje que ha sabido, históricamente, que la batalla por la hegemonía se gana primero en el diccionario, antes que en las calles. Al usar estos términos de manera acrítica, sin la carga de su historia (la de las dictaduras, la de los genocidios, la de la persecución, la de los exámenes de alfabetización que en tantos países sirvieron para negar el voto a los más pobres), se normaliza lo que debería ser monstruoso, se allana el camino para que la exclusión se vista de sentido común.
Frente a esta deriva, la tarea de la filosofía y la ética se vuelve un acto de resistencia y de cuidado. No se trata de un purismo académico estéril, sino de un compromiso activo con la memoria y la claridad. Se trata de recordar, una y otra vez, que el significado de una palabra no es un dato fijo, sino un campo de batalla en el que debemos intervenir. Es ejercitar la sospecha ante el mensaje que apela a nuestros miedos más básicos; es preguntarse por el origen y los intereses que se esconden tras la elección de un término, incluso, o sobre todo, cuando ese término se presenta con el prestigio de un título profesional o el barniz de una preocupación legítima por la calidad democrática.
Recuperar el peso de las palabras es recuperar la capacidad de nombrar el mundo con justicia; es devolver a la sociedad la posibilidad de soñar con horizontes de libertad que no sean meras consignas, sino frutos de una deliberación compartida y responsable. Porque al final, la batalla por nuestra humanidad común se libra, ante todo, en el lenguaje que elegimos para narrarnos a nosotrxs mismxs.
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