Miguel Huerta
La reciente publicación de la Encuesta Intercensal 2025 (EIC) del INEGI (México) nos confronta con un espejo estadístico que, si bien nos muestra avances en materia demográfica y social, también revela las fracturas profundas de nuestro tejido comunitario.
Por primera vez en la historia de estos ejercicios estadísticos en México, se ha incorporado de manera explícita la medición del desplazamiento forzado interno, un fenómeno que, aunque intuido y denunciado por organizaciones civiles y víctimas durante años, carecía de un rostro cuantificable a nivel nacional. Este acto de nombrar y contar no es un simple tecnicismo metodológico; es un imperativo ético. Significa reconocer que hay personas en nuestro país para quienes el hogar se ha convertido en una trampa y el territorio en un campo de riesgo, obligándolas a desarraigarse para preservar lo más fundamental: la vida.
Los números son duros de asimilar precisamente por su concreción. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, un periodo que coincide con la resaca de una pandemia global y la profundización de crisis de seguridad en varias regiones, 510 mil hogares mexicanos vieron a al menos uno de sus integrantes obligado a abandonar su lugar de residencia debido a la violencia o la inseguridad delictiva. Detrás de esa cifra fría se esconden 1.6 millones de personas que cargan consigo el trauma de haber sido expulsadas por el miedo. A esto se suma otra realidad igualmente dolorosa: 152 mil hogares, integrados por 486 mil personas, fueron desplazados por desastres naturales o de origen humano, evidenciando que la vulnerabilidad en México es multifactorial y que la línea entre lo que llamamos “desastre natural” y lo “social” es a menudo difusa, especialmente cuando la falta de planeación urbana o la precariedad estructural convierten una lluvia en una tragedia.
La distribución geográfica de este fenómeno nos obliga a reflexionar también sobre la justicia territorial y la ética de la seguridad. Que Guerrero concentre la mayor proporción de población desplazada, con un 3.4%, seguido de Morelos y Baja California Sur, no es un dato aislado, sino la confirmación estadística de que la violencia y el crimen organizado han reconfigurado el mapa de la habitabilidad en México. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han habla de la “sociedad del cansancio” y de cómo el miedo se convierte en un mecanismo de control; en el caso mexicano, ese miedo se materializa en el abandono forzado de comunidades enteras.
El desplazamiento interno es, en esencia, una negación del derecho a la ciudad y al territorio, una forma de despojo que no siempre viene con escrituras ni desalojos legales, sino con la amenaza silenciosa de la violencia. Las entidades con menores proporciones, como Coahuila o Nuevo León al norte del país, nos recuerdan que la seguridad es un bien público cuya ausencia se distribuye de manera desigual, creando ciudadanías de primera y de segunda según el código postal.
Desde una perspectiva ética, la incorporación de estos datos por parte del INEGI representa un acto de transparencia y un insumo fundamental para la rendición de cuentas. Sin embargo, el conocimiento de esta realidad nos interpela directamente. No basta con lamentar las cifras; la ética exige una respuesta. La primera es la del reconocimiento: visibilizar a las víctimas del desplazamiento forzado es el primer paso para dejar de tratarlas como daños colaterales de una guerra que no eligieron. La segunda es la de la responsabilidad colectiva. Como sociedad, hemos naturalizado la violencia hasta el punto de que el desplazamiento se vea casi como una consecuencia lógica e inevitable. La filosofía política nos enseña que el contrato social se fundamenta en la protección de las y los individuos; cuando el Estado no puede o no quiere garantizar esa protección, el contrato se rompe, y son los más vulnerables quienes pagan el precio con su arraigo y su historia.
Finalmente, estos datos nos invitan a repensar el concepto de “progreso”. La EIC 2025 también muestra avances en vivienda, educación y acceso a tecnología, pero un país que no puede garantizar a sus habitantes el derecho a permanecer en su tierra sin ser desplazados por la violencia o la catástrofe está construyendo un desarrollo sobre arena movediza. La verdadera medida del progreso no está en los promedios nacionales, sino en la capacidad de proteger a los más vulnerables.
Que por primera vez tengamos estos números no es un logro estadístico, es una admisión de vergüenza y un llamado urgente a la acción. La ética nos obliga a preguntarnos: ¿de qué sirve un país que crece económicamente si sus comunidades se vacían por miedo? La respuesta no puede ser otra que la reconstrucción del tejido social, la garantía de seguridad con enfoque de derechos humanos y la reparación integral para quienes han sido forzados a dejar atrás no solamente su casa, sino su identidad y su derecho a pertenecer.
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