Miguel Huerta
Para comprender un tema necesitamos hacer preguntas. Hay muchas que nos persiguen. En mi caso una de ellas, quizá una de las más incómodas que me he hecho últimamente, es: ¿qué hace un Estado con las vidas que no le interesan? La filosofía política nos enseñó a pensar el poder como aquello que organiza, que disciplina, que cuida. Michel Foucault (1926-1984) habló de biopolítica para referirse a ese giro moderno por el cual los gobiernos dejaron de preocuparse únicamente por el territorio o la riqueza del soberano y comenzaron a ocuparse de la población: de su salud, de su natalidad, de su higiene, de su educación. El poder, decía Foucault, se convirtió en un poder que hace vivir y que, en el extremo, deja morir. Pero un filósofo camerunés llamado Achille Mbembe (1957) fue más lejos y nos obligó a mirar el lado más oscuro de esa ecuación. Si el poder puede hacer vivir, también puede hacer morir, y no únicamente de forma excepcional o accidental, sino como parte de su funcionamiento cotidiano. A esa capacidad de decidir quién merece vivir y quién está condenado a desaparecer, Mbembe la llamó necropolítica (necropower), y su nombre ya nos anticipa algo inquietante: la muerte, aquí, deja de ser un acontecimiento trágico para convertirse en una herramienta de gestión.
Para entenderlo mejor, imaginemos por un momento que el poder político no funciona como un guardián que protege a todxs por igual, sino como un gran filtro que clasifica a las personas desde el momento en que nacen. No todos los cuerpos son tratados con la misma dignidad, no todas las vidas son lloradas con la misma intensidad cuando se pierden, no todas las muertes son investigadas con el mismo empeño cuando ocurren en circunstancias dudosas. La necropolítica nos muestra que existen poblaciones enteras que han sido marcadas como prescindibles: no porque alguien haya firmado un decreto oficial que lo diga, sino porque la indiferencia, el abandono institucional, la falta de acceso a la salud, la vivienda o la justicia, y la exposición constante a la violencia, van dibujando un paisaje donde la muerte deja de sorprender. Esa es la primera gran lección de este concepto: la muerte, en la necropolítica, no llega sólo a través de balas o ejecuciones extrajudiciales. Llega también a través de la lentitud de un sistema de salud que colapsa, de una escuela que nunca se construye, de un expediente judicial que se extravía, de una pensión que nunca llega. Hay una especie de muerte social que precede a la muerte biológica, y que consiste en ser tratado como si ya no importáramos, como si nuestra existencia fuera un estorbo o un mero accidente.
Pero la necropolítica tiene otra dimensión aún más perturbadora, y tiene que ver con la manera en que el poder usa la muerte para afirmarse a sí mismo, como es el caso de las gestiones. En las sociedades contemporáneas, especialmente en aquellas que han heredado estructuras coloniales o que han vivido dictaduras y conflictos armados prolongados, el Estado no siempre es el único actor que ejerce esta violencia. A veces, el Estado se retira, o se vuelve cómplice, o delega en grupos paramilitares, en cárteles, en bandas criminales, en policías que actúan por fuera de la ley. Y entonces ocurre algo paradójico: la soberanía, que en teoría debería residir en las instituciones democráticas, se fragmenta y se dispersa, y nacen territorios donde la ley ya no es la misma para todxs. Hay barrios donde los cuerpos pueden ser desaparecidos sin que nadie pregunte, cárceles donde la muerte es una estadística más, fronteras donde miles de personas perecen intentando cruzar mientras los gobiernos miran hacia otro lado. En todos estos casos, la muerte se convierte en un mensaje, en una advertencia, en la forma más brutal de decir “aquí mando yo, y tú no eres nadie”. Por eso la necropolítica no es sólo un asunto de violencia física, sino también de simbolismo: la muerte de ciertas personas envía el mensaje de que las reglas del juego no aplican para todxs, y ese mensaje mantiene a las poblaciones sometidas, atemorizadas, dispuestas a aceptar cualquier cosa con tal de no ser ellas las próximas.
Quizá lo más difícil de aceptar de esta teoría es que la necropolítica no opera necesariamente en regímenes totalitarios o dictaduras. Puede funcionar perfectamente en democracias liberales, con parlamentos, elecciones y periódicos libres. De hecho, uno de los mayores aportes de Mbembe es mostrarnos que la democracia y la necropolítica pueden coexistir sin contradicción aparente, porque la administración de la muerte se ha vuelto tan burocrática, tan rutinaria, tan fragmentada entre distintas instituciones, que resulta casi invisible para quienes no la sufren en carne propia. Un ciudadano-ciudadana que vive en una zona segura, que tiene acceso a un buen hospital y que puede pagar un abogado si algo le ocurre, difícilmente percibirá la lógica necropolítica que opera a pocas cuadras de distancia. Pero esa misma distancia geográfica y social es parte del mecanismo: la necropolítica no necesita que todxs sepan que está funcionando, le basta con que algunxs lo sepan demasiado bien y otrxs puedan fingir que no ocurre nada. Por eso el silencio, la indiferencia y la normalización de la violencia son sus mejores aliados. Cuando una desaparición forzada deja de ser noticia al tercer día, cuando un asesinato en una favela se registra como un “ajuste de cuentas” y se archiva sin más, cuando una familia migrante muere ahogada y apenas ocupa un minuto en el noticiero, la necropolítica está triunfando no por la brutalidad del acto, sino por la banalidad con que lo asumimos.
En América Latina, esta reflexión adquiere una urgencia especial porque la región ha sido, durante siglos, un terreno fértil para la necropolítica. No es casualidad que algunas de las ideas más potentes para entender este fenómeno hayan surgido de pensadores del Sur Global, porque es acá donde la violencia estructural y la desigualdad han alcanzado niveles que desafían cualquier explicación optimista sobre el progreso humano. Desde la conquista y colonialismo europeo y el exterminio de poblaciones originarias, pasando por la esclavitud, las dictaduras, las guerras sucias, el paramilitarismo y la guerra contra el narcotráfico, hasta llegar al extractivismo minero y agroindustrial que devora territorios y desplaza comunidades enteras, y la llegada de los nuevos fascismos como los más recientes en Colombia y El Salvador, América Latina ha sido un escenario donde la vida de amplios sectores de la población es sistemáticamente devaluada. Pero lo más grave no es que eso haya ocurrido en el pasado, sino que sigue ocurriendo hoy, y que muchas veces lo hacemos con la conciencia tranquila, convencidxs de que la violencia es cosa de criminales o de gobiernos corruptos, sin advertir que formamos parte de un entramado que permite que ciertos cuerpos sean desechables. Cuando consumimos productos que vienen de zonas de conflicto, cuando toleramos que lxs migrantes sean tratados como mercancía, cuando justificamos la represión policial con el argumento de que “algo habrán hecho”, estamos contribuyendo, aunque sea de forma indirecta, a perpetuar esa lógica que separa las vidas que importan de las que no.
Frente a esta realidad, la filosofía y la ética no pueden quedarse en la contemplación o en el análisis frío. La necropolítica nos confronta con una pregunta que duele: ¿qué hacemos con nuestra capacidad de mirar, de nombrar, de recordar? Porque si la muerte anónima y masiva es la forma que adopta el poder contemporáneo, entonces el acto de resistencia más elemental es negarse a olvidar. Las madres que buscan a sus hijxs desaparecidos, las organizaciones que documentan cada ejecución extrajudicial, lxs periodistas que arriesgan su vida para contar lo que otrxs quieren ocultar, los vecinos que se organizan para protegerse mutuamente frente al abandono estatal, todos están combatiendo la necropolítica con la única arma que parece funcionar: la insistencia en la dignidad. No se trata de una batalla simétrica ni de una solución fácil, porque la necropolítica no se derrota con una ley ni con una campaña mediática. Se derrota, si acaso, con una transformación profunda de nuestras formas de vida, con una redistribución real del poder y de los recursos, con una política que ponga en el centro la vulnerabilidad compartida en lugar de la competencia por sobrevivir. Pero mientras ese horizonte parece lejano, la ética nos exige al menos no ser cómplices del silencio, no naturalizar la muerte de las personas, no aceptar que la desigualdad sea un destino inevitable.
La necropolítica, en el fondo, nos habla de algo muy antiguo: la tentación de considerar a algunos seres humanos menos humanos que otrxs. Esa tentación ha adoptado distintas formas a lo largo de la historia (esclavitud, genocidio, apartheid, guerra, colonialismo) y hoy se disfraza de eficiencia administrativa, de seguridad ciudadana, de control migratorio. Pero en esencia sigue siendo lo mismo: una decisión política sobre quién merece seguir respirando y quién no. Reconocerlo, nombrarlo, discutirlo en voz alta, es quizá el primer paso para desactivar su poder. Porque mientras la muerte siga siendo un asunto que ocurre en los márgenes, mientras podamos leer estas líneas desde la comodidad de una existencia relativamente segura, la necropolítica seguirá operando sin que la veamos. Y si la filosofía tiene alguna utilidad en el mundo, quizá sea precisamente esa: recordarnos que lo que ocurre en los márgenes nunca es marginal, sino que es el centro oscuro del cual depende todo lo demás.
© Acción Ética — Espacio de análisis filosófico, crítica cultural y pensamiento político. Reproducción permitida citando la fuente.