Miguel Huerta
La imagen que encabeza este texto condensa un manifiesto urgente: “Trabajar menos, trabajar todxs, producir lo necesario, redistribuir todo.” Es una consigna que interpela a fondo la realidad del trabajo en México y América Latina, donde el crecimiento económico ha beneficiado desproporcionadamente a unos pocos mientras millones afrontan condiciones laborales precarias e inestabilidad vital. En 2026, esa interpelación no ha perdido un ápice de urgencia; al contrario, los datos la vuelven más necesaria que nunca.
En 2026, la precariedad laboral en México no es una anomalía ni una herida temporal: es el rasgo dominante del mercado de trabajo. Desde el 1 de enero, el salario mínimo general subió a 9,582 pesos mensuales (un aumento del 13% nominal), pero descontada la inflación anual de 4.59% registrada en marzo, la mejora real resulta acotada. Ese piso sigue siendo insuficiente para cubrir la canasta básica de muchas familias, y casi la mitad de la población ocupada (el 46.6%) percibe apenas ese monto. Lo que la cifra del desempleo oculta es mucho más grave: según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de marzo de 2026, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 54.8% de la población ocupada, lo que equivale a más de 33 millones de personas trabajando sin seguridad social plena, sin contrato estable y sin ninguna protección ante enfermedades, accidentes o vejez. La informalidad no bajó respecto al año anterior; subió. Más reveladora aún es la tasa de condiciones críticas de ocupación: 39.6% de la población ocupada, casi 4 de cada 10 trabajadoras y trabajadores (aproximadamente 24 millones de personas) que laboran con ingresos insuficientes, jornadas excesivas sin pago proporcional, o ambas cosas a la vez. El concepto de “autoexplotación” (una persona que necesita dos o más empleos para sobrevivir, no para prosperar) sigue siendo una realidad cotidiana en millones de hogares mexicanos.
La economía, por su parte, no acompaña. El PIB de 2025 apenas creció 0.8%, y en febrero de 2026 el Indicador Global de la Actividad Económica registró una caída anual de 0.3%, con la industria manufacturera desplomándose un 2.3%. Aunque se generaron 422 mil empleos adicionales en el primer trimestre del año, este “crecimiento” ocurrió con mayor informalidad y mayor subocupación, no con empleos de calidad. Este deterioro tiene, además, un rostro marcadamente femenino. Las mujeres siguen atrapadas desproporcionadamente en los nichos de mayor precariedad: empleos informales, subocupados o directamente no remunerados en negocios familiares. La tasa de participación económica descendió al 58.6% en marzo de 2026, su nivel más bajo en tres años. Menor participación formal significa también menor acceso a crédito, ahorro, pensiones y servicios de salud; cuando la maquiladora reduce turnos o el restaurante recorta horarios, quienes cargan primero con las consecuencias son ellas.
En este contexto, la aprobación en México de la reforma de la jornada laboral de 40 horas representa un avance simbólico e histórico. El 3 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que eleva la semana laboral de 40 horas a rango constitucional. La reducción será gradual: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030, sin que ello implique reducción de salarios ni prestaciones. En su primera etapa, la medida impactará directamente a más de 13 millones de trabajadoras y trabajadores formales, acercando a México a los estándares de la OCDE y a reformas que países como Chile y Colombia ya habían aprobado desde 2023. Sin embargo, la reforma tiene un límite estructural evidente: los 33 millones de personas en la informalidad quedan fuera de su alcance. Una reforma laboral que no llega a más de la mitad de la fuerza de trabajo no puede ser el final del debate, sino apenas su nuevo punto de partida. Trabajar menos, en México, sigue siendo un derecho reservado sólo para quienes ya tienen la suerte de trabajar con derechos.
Mientras la precariedad persiste, la concentración de la riqueza se profundiza. Según el Informe sobre la Desigualdad Global 2026, el 10% más rico en México concentra el 71% de toda la riqueza nacional y capta el 59% del ingreso total, mientras la mitad más pobre del país recibe únicamente el 8%. La desigualdad patrimonial es aún más extrema: el 1% más rico posee el 43% del patrimonio nacional, y menos de mil personas acaparan cerca del 25% de la fortuna total del país. En activos financieros, ese mismo 1% concentra el 87.9% de la riqueza financiera, mientras el 64.2% de los hogares mexicanos tiene menos del 50% de la media de riqueza neta, lo que la CEPAL denomina directamente “pobreza de patrimonio”. México sigue siendo la décima economía más desigual del mundo. El ligero descenso del índice de pobreza (del 41.9% en 2018 al 29.6% en 2024) es real pero frágil: la CEPAL advierte que estos avances podrían estancarse ante la desaceleración global y la caída en los flujos de remesas, que mostraron una contracción del 5.5% hacia finales de 2025. En América Latina y el Caribe, el cuadro es igualmente alarmante: en noviembre de 2025 la región contaba con 109 milmillonarios cuya fortuna conjunta equivalía al PIB combinado de Chile y Perú, y solo en ese año su riqueza creció un 39%, es decir, 16 veces más rápido que la economía regional en su conjunto. Más de la mitad de esa riqueza, señala la CEPAL, proviene de herencias: no del mérito, sino del apellido.
Frente a este panorama, las cuatro consignas de la imagen resuenan no como utopía, sino como programa político concreto. Trabajar menos ya no es sólo una aspiración filosófica: es una reforma en marcha que debe profundizarse para alcanzar a quienes más la necesitan, redistribuyendo el tiempo de trabajo entre quienes hoy no tienen empleo suficiente y reconociendo que la productividad no se mide en horas agotadas. Trabajar todxs exige enfrentar la informalidad estructural que mantiene a 33 millones de personas fuera de cualquier protección, regularizar el trabajo en plataformas digitales (cuya afiliación al IMSS apenas se volvió obligatoria en enero de 2026) y cerrar de manera decidida la brecha de género. Producir lo necesario interpela el modelo de crecimiento que privilegia la acumulación por sobre el bienestar: una economía que crece 0.8% al año pero cuya riqueza en la cúspide crece 39% es una economía rota, diseñada para unos pocos, que necesita reorientarse hacia las necesidades colectivas de salud, vivienda, educación y cuidados. Y redistribuir todo no es retórica: es una reforma fiscal urgente, porque sin una tributación progresiva real, sin tocarle un pelo a las fortunas que concentran el 43% del patrimonio nacional, no hay política social ni aumento de salario mínimo que cierre la brecha.
En suma, el auge económico para unos pocos ha significado precariedad, inseguridad y desigualdad para la mayoría. En 2026, esa realidad no ha cambiado; en algunos aspectos, se ha agravado. La reforma de la jornada laboral es un paso que merece celebrarse y, al mismo tiempo, exigirse que vaya mucho más lejos. El debate sobre el tiempo de trabajo, sobre quién produce y quién acumula, sobre qué se produce y para qué, es el debate central de nuestro tiempo. Repensar el trabajo y la distribución de la riqueza no es solamente una aspiración filosófica: es una necesidad concreta y urgente para construir vidas dignas en México, en Latinoamérica y en el mundo entero. La imagen sigue interpelando. La consigna sigue vigente. La lucha, también.
Fuentes: ENOE/INEGI (marzo 2026), Informe sobre la Desigualdad Global 2026, CEPAL Panorama Social 2025, Oxfam México 2026, DOF decreto reducción jornada laboral (marzo 2026).
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