Miguel Huerta
Hay una patología política que reaparece en México con la puntualidad de las epidemias: la convicción conservadora de que la soberanía nacional es un lujo prescindible cuando el resultado de las urnas no les favorece. Hoy, como en 1861, ciertos sectores de la derecha mexicana han decidido que la solución a su derrota electoral no está en revisar sus propuestas ni en disputar el terreno político con ideas, sino en viajar a Washington a solicitar, con sombrero en mano, que una potencia extranjera intervenga en los asuntos internos del país. Senadores y dirigentes del PAN (el Partido Acción Nacional) junto con figuras del PRI y del extinto Frente Amplio por México, han desfilado por los pasillos del Congreso estadounidense y por oficinas del Departamento de Estado buscando sanciones, condicionamientos comerciales o presión diplomática contra un gobierno que ganó con el mayor margen en la historia electoral moderna del país. El espectáculo no sería tan grave si no fuera tan familiar: es exactamente lo que los conservadores del siglo XIX hicieron cuando Benito Juárez promulgó las Leyes de Reforma entre 1855 y 1863 y el clero, los terratenientes y los militares monárquicos decidieron que preferían un archiduque austriaco a respetar al indio oaxaqueño que representaba, con inconmovible legitimidad, a la república mexicana.
La analogía histórica no es retórica ni caprichosa: es estructural. En 1861, tras perder la Guerra de Reforma (ese conflicto civil que enfrentó a liberales y conservadores entre 1857 y 1861 y que dejó al país devastado pero con una Constitución vigente), la facción conservadora encabezada por figuras como Juan Nepomuceno Almonte y el clero ultramontano no aceptó su derrota. En lugar de hacerlo, viajó a Europa a ofrecer la corona de México a Maximiliano de Habsburgo, convenciéndolo de que el pueblo mexicano lo esperaba con júbilo y que Juárez era apenas un usurpador indígena sin base popular real. Era mentira, claro. Pero la mentira resultó útil para Napoleón III, que tenía sus propios intereses económicos y geopolíticos en América Latina, y para los conservadores, que esperaban que las bayonetas francesas restauraran el orden que las urnas y los fusiles liberales habían destruido. El resultado fue una invasión, un imperio ficticio, años de guerra y, finalmente, el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, el 19 de junio de 1867. No fue un acto de venganza: fue el límite que la república establece cuando se negocia su existencia.
Hoy, el PAN, heredero espiritual, aunque no siempre consciente, de aquella tradición conservadora que nunca acabó de reconciliarse con la soberanía popular, reproduce el guion con asombrosa fidelidad. Sus legisladores y gobernadores argumentan ante funcionarios estadounidenses que el actual gobierno mexicano representa una amenaza para la democracia, que las reformas energéticas son confiscaciones bolcheviques y que el T-MEC está en peligro. Omiten, sistemáticamente, que esas reformas fueron aprobadas por un Congreso elegido democráticamente, que el partido en el gobierno obtuvo en 2024 una mayoría histórica en ambas cámaras y que el propio sistema electoral mexicano (supervisado, entre otros, por organismos internacionales) validó el proceso. Lo que el PAN llama “amenaza a la democracia” es, en términos más precisos, el resultado de una democracia que no les resultó favorable. Y ante esa incomodidad, prefieren actuar como sus antecesores decimonónicos: buscar afuera la corrección que el pueblo adentro se niega a darles.
El problema filosófico de fondo es este: ¿puede un actor político invocar la intervención extranjera en nombre de la democracia sin destruir el principio mismo que dice defender? La respuesta es no, y la contradicción es letal para su argumento. La soberanía popular (principio cardinal de cualquier democracia moderna, desde Rousseau hasta las constituciones del siglo XX) establece que la legitimidad del poder emana del pueblo y no puede ser arbitrada por ninguna potencia exterior. Cuando el PAN o el PRI solicitan a Washington que presione, sancione o condicione a un gobierno mexicano electo, no están defendiendo la democracia: están afirmando que la democracia sólo es válida cuando produce los resultados que ellos aprueban, y que en caso contrario, es aceptable delegar la soberanía a un país extranjero con sus propios intereses, sus propias empresas y sus propias agendas geopolíticas. Eso no es liberalismo político: es colonialismo con pretensiones democráticas.
Vale la pena detenerse en la dimensión ética de sus viajes a Washington, porque revela algo más profundo que el oportunismo electoral. Implica una concepción de la patria como propiedad privada de una clase (empresarial, tecnocrática, religiosa) que se considera a sí misma custodio natural del país, por encima de cualquier mandato popular. Es la misma lógica que animó a los conservadores del XIX: Juárez no podía gobernar porque era indígena, porque venía de abajo, porque representaba a los que no debían representar. Hoy, la narrativa se actualiza: el gobierno actual no puede gobernar porque es populista, porque no respeta las reglas del mercado, porque incomoda a los inversionistas y una larga lista de mentiras. En ambos casos, el argumento subyacente es idéntico: hay mexicanos y mexicanas cuya voluntad cuenta menos que la de otrxs, y si esos otrxs pierden en las urnas, es legítimo buscar tutela exterior. Esta visión no es solamente antidemocrática: es profundamente antipopular, clasista y, en términos históricos, perdedora.
Porque México (y esto es lo que los nuevos viajantes a Washington parecen haber olvidado) tiene una memoria larga y un recuento severo con quienes traicionan la soberanía. No es romanticismo patriotero: es dato histórico verificable. Agustín de Iturbide, el primer emperador mexicano, fue fusilado en Padilla, Tamaulipas en 1824 tras intentar regresar al país que lo había desterrado. Santa Anna, que negoció territorios con potencias extranjeras y abrió las puertas a múltiples intervenciones, murió en el olvido y el desprecio. Maximiliano fue fusilado porque encarnaba un proyecto colonial impuesto desde fuera contra la voluntad de una república que no estaba dispuesta a negociar su existencia. Esos fusilamientos no son episodios de crueldad: son la firma con la que México ha rubricado históricamente su rechazo a ser gobernado desde afuera. Ignorar esa firma es una imprudencia política de primera magnitud.
La ironía corrosiva es doble y contundente. Por un lado, el PAN, que se presenta como defensor de las instituciones y del Estado de derecho, no duda en socavar las instituciones mexicanas ante un gobierno extranjero cuando esas instituciones producen resultados que no le gustan. Es la coherencia de quien defiende las reglas sólo mientras las gana. Por otro lado, los actores estadounidenses que reciben esas visitas (sean congresistas republicanos o lobistas de empresas energéticas) no están movidos por amor a la democracia mexicana, sino por intereses económicos concretos y legibles: contratos de energía, acceso a minerales críticos, control de flujos migratorios. El PAN les entrega argumentos morales; ellos los usan como palanca comercial. Al final, quien pierde siempre es México, y quien entrega las piezas son los mismos que dicen defenderlo.
La ética de la dignidad soberana que aquí se defiende no es xenofobia ni aislacionismo: es el principio elemental de que un país tiene derecho a equivocarse solo, a corregirse solo y a decidir solo, sin que ninguna cancillería extranjera actúe como árbitro de su política interna. Los conservadores del siglo XIX nunca entendieron eso y la historia los exhibe con cruel nitidez como sinónimo de entreguismo. Los del siglo XXI, con sus vuelos al aeropuerto Dulles en Washington y sus reuniones en el Capitolio, están escribiendo el mismo capítulo con diferente tipografía. Y si algún día un nuevo actor externo (con corbata de seda en lugar de corona imperial) creyera que puede venir a “poner orden” en México, haría bien en releer lo que ocurrió en el Cerro de las Campanas. Esa colina queretana no es una metáfora literaria: es una advertencia geográfica, histórica y perfectamente real. La República no negocia su existencia. Nunca lo ha hecho. Y esa, precisamente, es su más alta y duradera lección de filosofía política.
© Acción Ética — Espacio de análisis filosófico, crítica cultural y pensamiento político. Reproducción permitida citando la fuente.
Acción ética 