Miguel Huerta
El 7 de julio de 2026, un agente del ICE disparó y mató a Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo en Houston. No fue un hecho aislado ni un exceso puntual: es la materialización de un sistema que ha normalizado la violencia y la crueldad como método de gobierno de Trump. Para la filosofía política y la ética aplicada, este caso no es un incidente, sino un síntoma, el reflejo de una estructura que otorga poder sin rendición de cuentas, que prioriza cifras sobre vidas y que convierte a las personas migrantes en datos administrativos dentro de una maquinaria burocrática que se alimenta del miedo.
El primer problema que aflora es el de la legitimidad del uso de la fuerza. La versión del Departamento de Seguridad Nacional, la de que Salgado Araujo embistió un vehículo del ICE, ignoró órdenes verbales y “armó” su vehículo contra un agente, que disparó “en defensa propia”, no fue acompañada de evidencia alguna al momento de emitirse. La familia y varios legisladores han exigido la publicación de las cámaras corporales, algo que la agencia todavía no ha hecho. Esto no significa, por supuesto, que el relato oficial sea falso: significa que, mientras no se muestre la evidencia, la ciudadanía debe conformarse con la palabra de la parte que ejerció la fuerza letal para juzgar si esa misma fuerza fue legítima. Es una estructura probatoria que invierte la carga de la prueba a favor del Estado, y ese diseño institucional, no sólo el disparo en sí, es lo que exige escrutinio ético. La ética del uso proporcional de la fuerza exige que cualquier acción letal sea el último recurso, justificada por evidencia verificable y no por el mero testimonio del sujeto armado. Cuando la opacidad se vuelve la norma en vez de la excepción, la pregunta relevante deja de ser “¿mintieron esta vez?” para convertirse en “¿por qué el sistema no exige que lo demuestren?”.
El filósofo Giorgio Agamben hablaría aquí de la producción de “vidas desnudas”, cuerpos despojados de su estatus jurídico y político que, por eso mismo, pueden ser eliminados sin que ello constituya un crimen en el sentido pleno. Salgado Araujo llevaba 35 años en Estados Unidos, tenía tres hijos, dirigía una cuadrilla de construcción y, según su familia, estaba en pleno trámite para regularizar su situación migratoria, sin antecedentes penales. Nada de eso lo protegió. Su condición migratoria lo colocó en una zona gris donde la ley ordinaria se suspende y donde el agente actúa, de facto, como quien decide, ejecuta y luego redacta el informe de lo ocurrido. Esa suspensión no es un accidente: es una característica funcional de un sistema que, al convertir al migrante en “ilegal” de forma permanente, lo despoja del derecho a tener derechos. Su muerte, en el lenguaje administrativo, deja de ser un homicidio para convertirse en un “incidente durante un operativo”.
Desde la ética de la responsabilidad de Hans Jonas (1903-1993), un Estado que persigue fines legítimos, como el control migratorio, está obligado a hacerlo con medios que no contradigan la dignidad de aquellxs a quienes se aplica. Organizaciones de derechos humanos y reportes periodísticos han documentado, en lo que va de 2026, un número creciente de muertes bajo custodia o durante operativos del ICE, así como denuncias de abuso físico. Lo que sí es sostenible como argumento filosófico, con independencia del número preciso, es esto: la política de “la deportación más grande de la historia” ha convertido a los agentes en ejecutores de una lógica cuantitativa, donde el valor de una vida se mide en su aporte a una meta numérica. La ética kantiana nos recuerda que las personas deben ser tratadas como fines en sí mismas, nunca como medios. Aquí la persona migrante es, precisamente, un medio: para demostrar firmeza política, para llenar centros de detención, para alimentar un discurso de seguridad nacional que necesita números que mostrar.
El problema se agrava al examinar el entramado legal que protege al agente. La inmunidad calificada, la ausencia de cámaras corporales obligatorias, la falta de un vigilante independiente con autoridad real y la lentitud, o el silencio, de las investigaciones internas convierten al sistema en un laberinto donde la verdad es una víctima más. Judith Butler hablaría de “vidas que importan” y vidas que no: cuando la muerte de un agente o de un ciudadano genera investigaciones inmediatas y cobertura sostenida, pero la de un migrante se diluye en un comunicado de prensa y una nota de dos días, estamos ante una jerarquía del duelo que revela qué cuerpos son reconocidos y cuáles son prescindibles. Esa jerarquía no es cultural, es política: es el propio Estado quien decide qué muertes se investigan a fondo y cuáles se archivan.
Tal vez la dimensión más perturbadora sea la normalización social del miedo. El “efecto paralizante” que denuncian las organizaciones comunitarias en barrios como Magnolia Park (negocios que cierran, testigos que temen entregar sus videos por miedo a represalias, familias que evitan salir de casa) no es un daño colateral, sino un objetivo táctico: una comunidad que teme salir, que evita denunciar delitos, que cancela sus actividades públicas, es una comunidad dócil, fácil de administrar. Michel Foucault (1926-1984) enseñó que el poder moderno no opera solamente mediante la represión directa, sino mediante la producción de subjetividades sumisas. El ICE no sólo persigue cuerpos; erosiona lazos comunitarios y siembra desconfianza hacia toda institución que porte un uniforme. Ese terror es la moneda con la que se paga la “seguridad” que promete el discurso antiinmigrante, a costa de quienes menos margen tienen para exigir justicia.
La respuesta de familiares, legisladores locales y el gobierno de México, exigiendo una investigación independiente y la publicación de la evidencia, es un reconocimiento de que algo en el proceso ha fallado. Pero la ética no se agota en los tribunales ni en las conferencias de prensa. Como escribió Emmanuel Lévinas (1906-1995), la ética comienza en el rostro del otro-a: en esa llamada que nos interpela antes de cualquier código legal. El hijo de Salgado Araujo relató haber reconocido la voz de su padre, tirado en la calle, pidiendo ayuda mientras sangraba. Ese rostro, concreto, nombrado, con una familia que aún espera respuestas, es la interpelación que un sistema burocrático prefiere traducir en la palabra “incidente”. Y quienes observamos desde fuera nos enfrentamos una pregunta: ¿estamos dispuestos a sostener la mirada, o preferimos que ese rostro se disuelva en el siguiente comunicado?
Este caso no es sólo sobre inmigración. Tiene muchas caras. Es sobre qué tipo de Estado queremos y merecemos: uno que se rige por la transparencia y rinde cuentas por el uso de la fuerza letal, o uno que se legitima en la opacidad. Es sobre si el poder puede ejercerse sin límites verificables, o si la dignidad humana sigue siendo un límite infranqueable incluso para quien porta una placa. En otras palabras, es la exigencia del derecho a vivir en paz como sociedad. Y mientras no exijamos una investigación genuinamente independiente, la publicación de las cámaras corporales, un mecanismo de vigilancia con autoridad real y, sobre todo, una reforma que ponga la vida por encima de la meta de deportaciones, seguiremos discutiendo el próximo caso con las mismas preguntas sin respuesta. Además de la muerte de un hombre o mujer, el problema también es que el diseño del sistema permite que eso ocurra sin que, hasta ahora, nadie tenga que demostrar, con evidencia, no con comunicados, que era necesario. Y eso sigue siendo lamentable, se mire por donde se mire.
Nota editorial: este texto analiza un caso judicialmente abierto. El relato de ICE/DHS y el de la familia de Salgado Araujo son, a la fecha, contradictorios y ninguno ha sido confirmado por evidencia pública (video, cámara corporal).
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