Miguel Huerta
Hay una imagen que la derecha ha logrado instalar con éxito en el imaginario del común cotidiano: la de la justicia como una balanza perfectamente equilibrada. A un lado, el mérito individual; al otro, la recompensa exacta. El esfuerzo, el talento y la disciplina hallan su justa correspondencia en el éxito económico y el reconocimiento social. Cualquier interferencia externa (un impuesto demasiado alto, una regulación estatal, etc.) es percibida como una mano que desbalancea ese mecanismo perfecto, generando una injusticia contra quien, en el fondo, “hizo las cosas bien”.
Esta imagen no es ingenua. Es una de las construcciones ideológicas más sofisticadas de la modernidad política, precisamente porque no se presenta como ideología, sino como sentido común. No se enuncia como postura partidista, sino como la defensa de un orden natural de las cosas. Ahí radica su potencia.
El propósito de este ensayo es desmontar ese concepto de justicia que la derecha defiende, no para caricaturizarlo, sino para revelar sus premisas ocultas y sus consecuencias profundas.
Justicia no es orden: es equidad
Para la tradición conservadora, la justicia es fundamentalmente una cuestión de orden: moral, legal o natural. Edmund Burke (1729-1797), padre del conservadurismo moderno, lo expresó con claridad en sus Reflexiones sobre la Revolución en Francia (1790): la sociedad es un pacto entre vivos, muertos y entre quienes están por nacer; una asociación que requiere estabilidad, jerarquía y respeto por la tradición. En esa visión, la injusticia no es la desigualdad, sino la ruptura del orden heredado. El pobre no es víctima de una estructura injusta, sino alguien que, por decisión o incapacidad, no ha sabido hallar su lugar en la jerarquía natural.
La izquierda, por el contrario, nace con una intuición radicalmente distinta. En su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, Rousseau (1712-1778) imagina que el primer hombre que cercó un terreno y dijo “esto es mío” fue el verdadero fundador de la sociedad civil, pero también el origen de todas sus desgracias. La propiedad privada no era un hecho natural, sino una convención que alguien impuso por la fuerza y que, con el tiempo, fue revestida de legalidad. La justicia, entonces, no consiste en proteger ese primer acto de acumulación, sino en preguntarse bajo qué condiciones ese orden legal es legítimo o un mero encubrimiento de la usurpación.
Esta diferencia lo tiñe todo. Para la derecha, la justicia mira hacia atrás, hacia el orden quebrantado que debe restaurarse. Para la izquierda, la justicia mira hacia adelante, hacia la equidad que aún no existe y que debe construirse. No es una diferencia de matiz: es una diferencia de dirección moral.
El delincuente racional: una ficción conveniente
Esta divergencia filosófica se manifiesta con crudeza en el terreno penal, quizá el más sensible para la opinión pública. La derecha ha construido ahí su fortaleza electoral más sólida con un argumento de una precisión quirúrgica: aislar el acto delictivo de su contexto social y presentarlo como el resultado de una decisión puramente individual. Un sujeto racional calculó el costo-beneficio y eligió el mal. Si eligió el mal, merece castigo. Punto.
Introducir en la ecuación variables como la pobreza, la exclusión o la violencia estructural no es visto como un acto de comprensión sociológica, sino como una excusa inmoral que revictimiza a la víctima y diluye la responsabilidad.
El filósofo Michael Sandel (1953) ha advertido, sin embargo, sobre las consecuencias de pensar la justicia exclusivamente en términos de elección individual. Una sociedad que se obsesiona con la responsabilidad personal sin atender las condiciones en que lxs individuxs eligen, termina por atribuir al mérito o a la culpa personal lo que en realidad son efectos de la lotería social. La meritocracia sin igualdad de condiciones se convierte en lo que Sandel llama una tiranía del mérito: quienes ganan creen que su éxito es pura obra suya, y quienes pierden interiorizan su fracaso como una falla moral.
En la práctica política, esta lógica opera creando un falso dilema: o estás con la víctima o estás con el criminal. El garantismo judicial, los programas de reinserción, la crítica a la prisión como única respuesta penal, todo eso es presentado no como un intento serio de resolver un problema complejo, sino como una defensa corporativa de los delincuentes. El juez que aplica la ley con criterio técnico se ha “ideologizado”. El académico que critica la prisión preventiva es un “defensor de criminales”. La maniobra es brillante en su simpleza: deslegitimar al árbitro para quedarse sólo con el aplauso fácil de un público asustado.
La trampa de la igualdad formal
En el terreno de la justicia social y económica, la derecha apela a una noción que suena, a primera vista, impecable: la igualdad ante la ley. Todxs somos iguales, las reglas deben ser iguales para todxs, y cualquier distinción es un privilegio odioso. ¿Quién podría oponerse a eso?
El problema es que Anatole France (1844-1924) ya lo señaló con ironía insuperable en El lirio rojo (1894): la ley, en su majestuosa igualdad, prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan. La igualdad formal, aplicada a una realidad materialmente desigual, no sólo no corrige la injusticia, sino que la legitima con el sello de la legalidad.
Pensadores como Friedrich Hayek (1899-1992) o Robert Nozick (1938-2002) han hecho de esta idea el núcleo de su filosofía política: la justicia no tiene nada que ver con que todxs tengan lo mismo o lo suficiente, sino con el proceso histórico mediante el cual se adquirió lo que cada quien posee. Si la propiedad se obtuvo de manera legítima, cualquier redistribución estatal es un robo institucionalizado.
Lo que esta visión omite deliberadamente es la pregunta por la legitimidad de esa adquisición original. Nozick lo sabe, y por eso su teoría descansa sobre un principio de “rectificación de las injusticias históricas” que apenas desarrolla, porque desarrollarlo implicaría abrir una caja de Pandora insoportable: ¿qué tan legítimas son las fortunas construidas sobre tierras despojadas, trabajo esclavo o privilegios de casta convertidos en capital?
La operación ideológica consiste entonces en igualar dos realidades completamente distintas bajo el mismo concepto. Llama “esfuerzo” al mismo tiempo al trabajo de una madre soltera con tres empleos y a la gestión de un fondo de inversión en paraísos fiscales. Llama “igualdad de oportunidades” a una carrera donde unos corren en zapatillas y otros descalzos, pero todxs parten de la misma línea de salida. La justicia, vaciada de contenido sustantivo, se vuelve una cáscara formal que protege el statu quo.
Borrar la historia para no asumir sus deudas
Hay un tercer movimiento, quizá el más sutil, pero que completa el sistema. Podría llamarse “presentismo estratégico”: la negación de la relevancia moral del pasado para el presente. Ante las demandas de justicia histórica (por esclavitud, colonización, genocidio indígena o dictaduras), la derecha despliega un arsenal de respuestas desactivadoras: “Yo no maté a nadie”, “no se puede juzgar el pasado con los valores del presente”, “mirar atrás es cultivar el resentimiento”. ¿A qué suena todo esto?
El concepto fue desarrollado originalmente por el historiador francés François Hartog (1946) para describir una época que sólo sabe habitar el presente, incapaz de dialogar con el pasado ni proyectarse al futuro. Aplicado a la política, describe perfectamente a quien necesita que la historia no exista para que las desigualdades del presente parezcan naturales.
Hannah Arendt (1906-1975) ofreció una respuesta anticipada a esta postura con su distinción entre culpa y responsabilidad colectiva. Uno puede no ser culpable de lo que hicieron sus antepasados, pero sí es responsable de lo que hace con ese legado: si lo ignora, lo perpetúa; si lo repara, lo transforma. La culpa es individual y legal; la responsabilidad es política y colectiva, y no podemos renunciar a ella mientras vivamos en comunidad.
Al cancelar el pasado, la derecha cancela también la posibilidad de una justicia que no sea meramente penal o mercantil. La pobreza del Sur Global, para esta mirada, no es el eco de siglos de expolio colonial, sino consecuencia de la corrupción local o de una “mentalidad poco proclive al capitalismo”. Es la justicia del presente absoluto: un presente quirúrgicamente aislado de las fuerzas que lo moldearon.
Recuperar la justicia como horizonte
Frente a este entramado que reduce la justicia a orden, castigo, formalidad legal y presente eterno, la izquierda tiene una tarea intelectual que no puede eludir.
No se trata de negar la importancia de la seguridad, la responsabilidad personal o la estabilidad. Sería un error ceder esos terrenos y dejar que la derecha los monopolice. Se trata, más bien, de politizar lo que se presenta como “natural”; de mostrar que detrás de cada apelación al orden hay relaciones de poder que ese orden consolida; de insistir en que la justicia no es un estado al que volver, sino un horizonte hacia el cual caminar.
La izquierda filosóficamente madura no niega el mérito, pero pregunta quién pudo merecer en primer lugar. No niega la responsabilidad individual, pero visibiliza las estructuras que condicionan las elecciones. No niega la ley, pero exige que su contenido esté sometido a una exigencia ética superior: construir una comunidad donde la libertad y la igualdad no sean valores en tensión, sino dos nombres de una misma aspiración.
Ese es el legado vivo de Rousseau, Arendt y Sandel. Y ese es, también, el desafío de escribir hoy sobre justicia sin vendas en los ojos.
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